REDI alerta que en Argentina solo 2 de cada 10 personas con discapacidad tienen un empleo

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) reúne datos y elabora informes que sirven como recomendaciones para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que luego se presentan ante el Estado nacional. Un monitoreo que revela cómo está el panorama laboral para las personas con discapacidad.

De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de 2022, en Argentina solo 2 de cada 10 personas con discapacidad de entre 18 y 65 años tienen un empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge que la brecha de participación laboral entre las personas con y sin discapacidad es de aproximadamente 36 puntos porcentuales en todo el mundo. De hecho, los estados pierden un 7% del PBI por no incorporar a las personas con discapacidad en el mercado laboral.

En ese panorama emerge REDI, una organización de discapacidad y derechos humanos que trabaja por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Hacemos informes alternativos para presentar al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para dar cuenta de los avances y retrocesos en el cumplimiento de la Convención y contraponer con lo que dice el Estado que se ha hecho” explica Verónica González Bonet, periodista e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Estos informes son de consulta libre. “En lo que es el acceso al empleo, el cupo laboral se incumplió sistemáticamente”. Al igual que como sucede con el cupo travesti-trans, el de discapacidad se aplica sobre el porcentaje total del personal del Estado para planta efectiva, contratos y servicios tercerizados. En este caso debería ser del 4%, aunque nunca se alcanzó. “Lo cierto es que el mercado laboral es expulsivo hacia las personas con discapacidad, sino no tendríamos esa estadística…” señala la especialista.

¿De qué formas es expulsivo? Por un lado, es difícil que en los trabajos se implementen ajustes razonables. “Muchas veces se cree que son inversiones costosas y, en realidad, tiene que ver con entender qué es lo que esa persona necesita. Puede ser hacer cambios en los horarios, encontrar una manera esquemática de realizar una tarea, pagarle el traslado o sencillamente colocar una lámpara en un lugar que favorece la visión”. Se trata simplemente de adaptar el espacio de trabajo a cada persona.

Por otro lado, “es muy difícil que una persona con discapacidad cumpla un rol de responsabilidad, de liderazgo o de exposición”, observa Verónica. “Y después se cuestiona la necesidad de las pensiones no contributivas”. Se refiere al decreto que compatibiliza las pensiones no contributivas con el empleo: “Muchos, a la vez que cobran la pensión, trabajan en el empleo protegido o tienen monotributo social, pero son personas que tienen sueldos muy precarizados y que complementan con la pensión, que también es escasa”, y advierte que “por lo que leemos en los decretos y en las comunicaciones gubernamentales, son 600.000 las pensiones que se van a auditar y muchas personas van a perderla. Para el presupuesto del año próximo se contemplan 200.000 pensiones menos”.

El criterio para recortar las pensiones es confuso. En teoría, se analizaría si la persona cuenta con bienes como un auto o una casa. Pero esto no contempla, por ejemplo, a personas con discapacidad motriz o de otro tipo que puedan necesitar un transporte para realizar sus actividades diarias.

Por último, la integrante de REDI resaltó otros aspectos vinculados con el acceso a los derechos, que, actualmente, tampoco se cumplen como “las dificultades en el acceso a la información, porque no siempre se contemplan los distintos formatos que necesitamos para informarnos”. Se trata de un derecho fundamental, dado que representa la fuente de conocimiento principal en la autonomía de las personas para desenvolverse en áreas como la laboral, social, de gestión financiera, ocio, entre otras.

En un año atravesado por un aumento del desempleo, con más de 300.000 nuevas personas desempleadas según datos del INDEC, las personas con discapacidad son cada vez más vulnerables y podría ponerse en peligro los avances logrados por organizaciones como REDI. Ahora, más que nunca, será un reto reflejar esta realidad en los informes presentados ante la Convención. “Del último que presentamos tomaron muchas sugerencias”, cuenta Verónica. Y quizás así sea para el próximo.