“¿Libradas a su suerte?”: un informe analiza el estado de las políticas contra la violencia de género en el primer semestre de 2024
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIJ) presentaron un informe que revela que las políticas públicas de prevención, atención y protección contra la violencia de género en Argentina han sufrido fuertes retrocesos durante los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei.
Según detalla el reporte, 19 políticas y programas contra la violencia están siendo desmantelados, y hubo una reducción significativa de su alcance durante el primer trimestre de 2024:
Entre los hallazgos se destaca que se despidió al 38% de las personas que trabajaban atendiendo en la Línea 144, quedando algunos turnos con solo dos trabajadoras. Desde su implementación en el año 2013 hasta el 31 de marzo de 2024 la línea había asistido, en sus tres sedes de gestión (Nación, Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a un total de 946.584 comunicaciones relacionadas con situaciones de violencia por motivos de género.
Además, se realizaron solo 434 altas de las 20.000 que estaban previstas para el programa Acompañar, que fortalece la independencia económica de mujeres y LGBTQ+ que se encuentran en riesgo acreditado por situaciones de violencia de género. En lo que respecta a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia para las personas que se desempeñan en la función pública, en lo que va del año no se realizaron actividades de formación a máximas autoridades.
El informe sostiene que “la demanda de mujeres y LGBTQ+ que buscan asistencia y protección no responde a ideologías de género ni a lógicas partidarias. A lo largo de las últimas décadas, todos los gobiernos democráticos comprendieron la necesidad de contar con políticas públicas para su prevención, atención y erradicación”. Asimismo, resalta que “las mujeres y LGBTQ+ se encuentran hoy más desprotegidas y con cada vez menos recursos económicos, institucionales y simbólicos para afrontar las situaciones de violencia de género. Argentina debe retomar la senda de los compromisos internacionales con los derechos humanos y sus obligaciones constitucionales, recuperando y fortaleciendo el desarrollo federal de políticas públicas integrales para abordar la violencia de género y las causas estructura les de desigualdad que la sustentan”.
Descargá el informe completo aquí.