Empresas argentinas evalúan su compromiso con los derechos humanos

El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), en alianza con Proactiva Results, llevó adelante la iniciativa del Termómetro sobre Empresas y Derechos Humanos, desarrollada en el marco de un proyecto entre Proactiva y BID Invest. Con el objetivo de que las empresas puedan conocer su grado de adhesión a normativas internacionales, se les ofreció la oportunidad de evaluar y mejorar la actuación y conducta sostenible en sus operaciones y cadena de suministro.

Las empresas participaron de una autoevaluación que incluyó más de 400 puntos de datos tangibles sobre el cumplimiento de la agenda de empresas y derechos humanos y estuvo enfocada en tres ejes: operaciones propias, cadena de suministro y temas críticos de derechos humanos, entre los que se incluyeron temas laborales, ambientales, sociales y de transparencia. El 97% de las participantes afirmó haberse comprometido públicamente a respetar los derechos humanos. De éstas, 53% tiene una política específica para ello. “Se evidencia un alto compromiso, pero el gran desafío está en la gestión en materia de análisis de riesgos e implementación de procesos internos” destacó María José Alzari, Coordinadora de Transparencia y Licencia Social de CEADS.

En cuanto a la evaluación de riesgos, 58% de las empresas manifestó poseer procedimientos estructurados para identificar y evaluar los riesgos e impactos en los derechos humanos. 67% considera impactos en los derechos humanos de personas, grupos o poblaciones en mayor riesgo de vulnerabilidad o marginación.

Entre las cuestiones críticas abordadas por las empresas en su gestión, 43% incluye impactos adversos a comunidades locales, pueblos indígenas y comunidades tradicionales. De estas empresas, 76% tiene una política y/o procedimiento para la interacción y comunicación con estos grupos.

Por su parte, 72% cuenta con políticas o directrices contra la violencia y el acoso moral y sexual en el ambiente de trabajo, pero solo 39% ofrece capacitación sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo para los colaboradores tercerizados. “Argentina es signataria del Convenio 190 de la OIT y éste es un gran tema en agenda. Hay un punto clave a trabajar en el bajo porcentaje de los procedimientos de empresas que ofrecen capacitación para tercerizados, ya que la línea de responsabilidad es mucho más directa de lo que pensamos” explicó Alzari.

Por último, solo 22% ha establecido medidas enfocadas en la salud mental de grupos vulnerables. “Identificar los riesgos en materia de salud mental de la empresa deviene en un aspecto de gestión cada vez mayor. Esto está muy relacionado con la post pandemia, pero también con un cada vez mayor reconocimiento de situaciones que tienen que ser atendidas en el marco del ámbito laboral. Muchas de éstas referidas al acoso y la violencia, pero también otros aspectos vinculados a dinámicas laborales que incrementan situaciones negativas respecto de la salud mental” señaló la especialista.