El costo del retroceso: violencia, discursos de odio y agendas que se abandonan
Por Stephanie Simonetta, editora de Diversa Noticias
El 3 de junio de 2015, miles de personas salieron a la calle para decir algo que parecía obvio y sin embargo había que gritar: ni una menos. 11 años después, esa frase sigue siendo una exigencia. Esta semana lo volvimos a ver con una claridad brutal.
En Córdoba, Agostina Vega tenía 14 años cuando fue abusada sexualmente y asesinada por Claudio Barrelier, expareja de su madre. La justicia tardó cuatro días en activar el Alerta Sofía. Para entonces, la familia ya había señalado a Barrelier como uno de los últimos contactos de la adolescente, pero tanto el Ministerio Público Fiscal como la Policía ignoraron su historial: un año antes, ese mismo hombre había sido imputado por privación ilegítima de la libertad, amenaza con arma e intento de abuso. La condena fue leve y la libertad, rápida. La víctima de aquel episodio había pedido expresamente que la avisaran si lo liberaban. No lo hicieron.
En Ciudad de Buenos Aires, el 8 de junio llega a su tercera audiencia el juicio por el triple lesbicidio de Barracas. Dos años atrás, Justo Fernando Barrientos prendió fuego la habitación de la pensión donde dormían Andrea Amarante, Roxana Figueroa, Pamela Cobbas y Sofía Castro Riglos y golpeó a las víctimas para impedir que escaparan de las llamas. Solo Sofía sobrevivió. Los testimonios de la segunda audiencia ya dejaron asentado el patrón: hostigamiento previo, violencia sexual, amenazas. Lesboodio sostenido en el tiempo que terminó en crimen.
Dos casos, dos geografías, una misma lógica: la violencia que se ejerce de manera sistemática sobre personas que el sistema históricamente decidió desproteger. En ambos casos, esta violencia no fue solo el acto final: fue también el contexto que lo hizo posible. Y por supuesto no se tratan de casos aislados: Dulce Candia en El Dorado, Misiones, y Noelia Rivero en Temperley, provincia de Buenos Aires, son solo algunos de los nombres de víctimas de femicidios que resuenan en estos últimos días. Según un informe de La Casa del Encuentro, Fundación Instituto Natura y el Ministerio de Desarrollo Humano porteño, desde aquel 3 de junio de 2015 se contabilizaron 3.424 víctimas fatales por violencia de género en el país.
En ese escenario, el sector empresario enfrenta una discusión incómoda pero inevitable. Durante años, muchas empresas incorporaron políticas de género y diversidad a sus agendas. Con distintos niveles de desarrollo y profundidad, estas iniciativas contribuyeron a instalar conversaciones que antes tenían escasa presencia en los ámbitos laborales. El consenso era que la violencia y la discriminación no podían seguir siendo consideradas asuntos “privados” o ajenos al mundo del trabajo.
Hoy ese consenso se está resquebrajando. En muchos países, las políticas de inclusión y derechos humanos están siendo cuestionadas desde los propios gobiernos, y organizaciones de todo el mundo se encuentran revisando -o directamente desmantelando- programas que llevaron años construir. Con un contexto económico que empuja al recorte, algunas empresas están retrocediendo. Y, sin embargo, es precisamente ahora cuando más importa sostener esas políticas.
La Fundación Instituto Natura señala que solo 4 de cada 10 mujeres tienen alta conciencia sobre la violencia de género; entre los varones, menos de 2 de cada 10. Esos números no se revierten solos. Requieren inversión, formación y campañas de prevención capaces de llegar de manera masiva y constante.
Las empresas no reemplazan al Estado ni pueden resolver un problema estructural, pero sí pueden decidir si contribuyen a ampliar esas conversaciones o si eligen correrse de ellas. 11 años después del primer Ni Una Menos, el desafío ya no pasa por declarar compromiso, sino por sostenerlo cuando dejó de ser cómodo.