Falsas denuncias: el foco equivocado en un país donde matan a una mujer cada 35 horas
Por Flavia Benitez y Paula Noguera, Reverentia Consultora & PuntoSafe
El Senado avanza con un proyecto para endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género. El tema empieza a ganar lugar en la agendapública y, con él, aparece una pregunta que conviene hacerse antes de legislar:¿qué estamos eligiendo priorizar?
Flavia Benitez, Reverentia Consultora & Punto Safe
En Argentina, durante 2025, se registraron entre 247 y 266 femicidios segúndistintos observatorios –una mujer asesinada cada 33 a 35 horas-. No es un dato coyuntural: el 84% de los femicidas tenía vínculo previo con la víctima y el 60% delos crímenes ocurrió en el ámbito doméstico.
Frente a ese escenario, la discusión pública vuelve a girar en torno a las denuncias falsas. No podemos negar el impacto real de una denuncia falsa para la persona denunciada y, si hay niñas, niños o adolescentes involucrados, aún peor.
Pero es necesario hacer una distinción que muchas veces se pierde: que existan casos no significa que estemos frente a un fenómeno estructural.
Según ONU Mujeres (2024), las falsas denuncias representan menos del 1% a nivel global. En España, el 0,0084% de los casos de violencia de género. En Argentina no hay estadísticas oficiales; los datos disponibles del Consejo de la Magistratura muestran que menos del 3% del total de las denuncias penales -en su mayoría por delitos económicos- serían falsas (ELA, 2026).
Cuando denunciar no es suficiente
Paula Noguera, Reverentia Consultora & Punto Safe
Hay un dato que debería estar en el centro del debate y aparece de forma marginal: una proporción significativa de las 247 mujeres víctimas de femicidio había denunciado previamente o contaba con medidas de protección que no resultaron eficaces. Según UNICEF, menos del 10% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes llega a ser denunciado y, de ese universo, menos del 1% termina en condena. Entonces el problema estructural no es el exceso de denuncias ni las denuncias falsas: es el subregistro de la violencia de género, el silencio y la baja capacidad de respuesta institucional.
Las denuncias falsas existen -como en cualquier área del derecho penal-, pero no hay evidencia sistemática que permita sostenerlas como un problema extendido en materia de género. El punto no es negarlas, es no sobredimensionarlas. Porque cuando lo marginal organiza la discusión, lo que se desplaza no es un detalle técnico sino el problema central: la violencia real, sostenida y, en muchos casos, letal.
Lo que la ley ya prevé
Desde el punto de vista jurídico, el argumento de endurecer penas presenta una debilidad relevante: las conductas vinculadas a denuncias falsas ya están tipificadas. El artículo 245 del Código Penal sanciona la falsa denuncia, el 275 el falso testimonio y el 277 el encubrimiento. No hay vacío normativo.
Sin embargo, no existe evidencia de que esas normas se apliquen de forma consistente cuando una denuncia de género es declarada judicialmente falsa. Y acá aparece una confusión que conviene nombrar: no contar con pruebas suficientes no equivale a afirmar que el hecho no ocurrió. Muchos delitos de violencia de género ocurren en ámbitos privados, sin testigos ni registros. Lo que hay es una reconstrucción basada en indicios, contextos y relatos. Reducir esa complejidad a «si no se probó fue falso» no solo es técnicamente incorrecto sino que se desconoce la naturaleza misma de estas violencias.
Por eso, avanzar en normas que endurecen penas sin distinguir entre una denuncia falsa y una situación no probada puede generar el efecto contrario al buscado: no sancionar a quien miente, sino desalentar a quien no sabe si va a poder demostrar lo que vivió.
El marco constitucional
Argentina tiene compromisos internacionales con jerarquía constitucional. La CEDAW y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado a garantizar el acceso efectivo a la justicia sin represalias y a remover los obstáculos que desalientan la denuncia. Organismos internacionales ya advirtieron que iniciativas orientadas a agravar sanciones por denuncias falsas pueden generar efectos disuasorios en este tipo de casos. Eso abre un escenario de posible inconstitucionalidad -no por la intención declarada-, sino por sus efectos concretos sobre el acceso a la justicia.
Si preocupa, que se mida
Hay algo que nos parece central en este debate y que se pierde en la polarización: si las denuncias falsas en materia de género son una preocupación genuina, lo que corresponde es producir información sistemática sobre el fenómeno. El poder judicial podría -y debería- relevar cuántas denuncias de violencia de género son declaradas judicialmente como intencionalmente falsas, en qué contextos y con qué patrones.
Eso es diseño de política pública: primero entender el fenómeno, después diseñar la respuesta. Hoy ese dato no existe de forma oficial. Y sin ese dato, estamos legislando sobre una percepción, no sobre una evidencia.
¿A quién estamos protegiendo?
Los datos muestran un escenario claro: cientos de mujeres mueren cada año por violencia de género, la mayoría de las violencias no se denuncia y sólo una proporción mínima de los casos llega a condena. El sistema llega tarde, incluso cuando ya fue advertido.
Frente a eso, la pregunta no es ideológica: es de diseño institucional. ¿El foco está en proteger a las mujeres que no llegan a denunciar, o en un número reducido de casos de falsas denuncias que ya cuentan con regulación penal? Y si la preocupación son las denuncias maliciosas, ¿no sería más coherente exigir que los artículos, vigentes, del Código Penal se apliquen?
Lo que muestra el sistema judicial argentino -y esto atraviesa múltiples áreas- es que la distancia entre la norma y su aplicación es el verdadero punto crítico. Las leyes existen. Los tratados también. Lo que falla es la capacidad de investigación, la especialización de quienes intervienen, los tiempos judiciales y la confianza en el sistema. Sumar nuevas figuras o agravar penas no corrige ese problema: lo desplaza.
Equivocarse en el diagnóstico en un tema tan sensible tiene consecuencias concretas: sostiene el miedo a denunciar, refuerza el silencio y consolida un sistema que sigue llegando tarde. En materia de violencia de género ese costo no es abstracto: son mujeres que siguen muriendo por ser mujeres.
