Rechazo europeo al intento de EEUU de imponer políticas anti-DEI fuera de sus fronteras
La presión del gobierno estadounidense para que sus proveedores en el exterior eliminen programas DEI está generando una fuerte resistencia en Europa. Países como España, Francia y Suecia consideran que la exigencia contradice sus marcos legales y valores democráticos, y advierten sobre posibles consecuencias para las relaciones diplomáticas y comerciales.
En lo que ya se perfila como un nuevo frente de conflicto diplomático entre Estados Unidos y Europa, diversas embajadas estadounidenses están exigiendo a sus proveedores y contratistas que certifiquen el cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión. La medida ha generado una fuerte respuesta por parte de gobiernos europeos, que consideran que atenta contra sus propias leyes nacionales de no discriminación y sus valores democráticos.
A través de una carta y un formulario titulado «Certificación sobre el cumplimiento de la Ley Federal Antidiscriminatoria Aplicable», la administración de Trump ha requerido que todas las empresas que mantengan vínculos contractuales con embajadas o consulados estadounidenses —incluso fuera del país— se comprometan a eliminar programas o iniciativas relacionadas con la DEI, so pena de suspensión de pagos o cancelación de contratos.
Empresas proveedoras de servicios básicos (como agua, gas y electricidad) a residencias diplomáticas, medios de comunicación que venden suscripciones a embajadas, e incluso espacios culturales como el American Space Barcelona, han recibido este tipo de notificaciones. En este último caso, el proyecto —ubicado en una biblioteca pública de la ciudad— ofrece actividades culturales y educativas en inglés financiadas parcialmente por la embajada.
La respuesta desde Europa ha sido contundente. El Ministerio de Trabajo español calificó la exigencia estadounidense como una “violación flagrante” de las leyes locales, advirtiendo que cualquier empresa que acate dicha orden podría ser investigada por la Inspección de Trabajo. Desde Francia, el Ministro de Comercio Exterior, Laurent Saint-Martin, declaró que “no vamos a renunciar a nuestras leyes ni a nuestros valores por presiones extranjeras”. De igual modo, el Ayuntamiento de Estocolmo, en Suecia, calificó el pedido de “absurdo” y advirtió a la embajada estadounidense que este tipo de imposiciones podría tener consecuencias prácticas, como dificultades para obtener permisos de construcción en el futuro.
El rechazo no es solo de instituciones públicas. Empresas como BMW, que recibió una de estas cartas en Bulgaria, reafirmaron públicamente su compromiso con la diversidad y el respeto por los derechos humanos. “La discriminación no tiene lugar en nuestra empresa”, indicó la automotriz alemana en un comunicado.
Para muchos países europeos, la diversidad es una obligación legal y un valor fundamental. En Francia, por ejemplo, las empresas con más de 250 empleados están obligadas por ley a tener un 40% de mujeres en sus directorios. En España, el gobierno ha reiterado que su política exterior feminista y su defensa de los derechos LGBTIQ+ son innegociables.
