Jóvenes y desigualdad: una deuda pendiente en el Cono Sur

Según el reciente informe del BID “Juventud desigual: un reto para el desarrollo del Cono Sur”, más de la mitad de los 44 millones de jóvenes de 15 a 24 años que viven en el Cono Sur enfrentan desafíos como el desempleo, la informalidad, la pobreza o no están involucrados en actividades educativas ni laborales. La falta de oportunidades no solo impacta en sus trayectorias individuales, sino también en el desarrollo económico de la región.

Según los datos, 5 millones de jóvenes están desempleados; 9 millones tienen empleos informales, sin acceso a derechos laborales básicos; 2 millones trabajan en condiciones de subempleo; mientras que 6 de cada 10 jóvenes que consiguen empleo lo hacen en la informalidad o el subempleo. Además, más de 8,5 millones de jóvenes viven en hogares pobres y casi 6 millones ni estudian ni trabajan ni buscan empleo, situación que perpetúa la desigualdad y la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Las brechas son más profundas entre ciertos grupos: las mujeres jóvenes, pese a alcanzar mejores resultados educativos, enfrentan mayores tasas de desempleo y dedican el doble de tiempo a tareas de cuidado no remuneradas. Los jóvenes indígenas y afrodescendientes presentan niveles más altos de pobreza, informalidad y desempleo, mientras que los jóvenes de hogares de menores ingresos tienen tres veces más probabilidades de ser NiNis que sus pares del quintil más alto.

La precariedad laboral de los jóvenes se manifiesta también en bajos salarios y bajo acceso a beneficios laborales y protección social. Los jóvenes del Cono Sur trabajan en promedio 36 horas semanales y perciben mensualmente la mitad de lo que ganan los adultos de entre 25 y 64 años (que trabajan en promedio 40 horas semanales). Además, en promedio el 43 por ciento de los jóvenes reciben un salario inferior al salario mínimo, en contraste con el 24 por ciento de los adultos de entre 25 y 64 años, y tienen menor acceso a beneficios sociales, lo que los deja en mayor situación de vulnerabilidad.

Frente a este panorama, el informe destaca la importancia de políticas públicas integrales que conecten educación, empleo y apoyo psicosocial. Programas que combinen formación técnica y socioemocional, prácticas laborales y mentorías, especialmente diseñados para los grupos más vulnerables, muestran resultados prometedores.