Empresas argentinas y derechos humanos: se presentó el primer diagnóstico bajo estándares internacionales

El informe, presentado en la Embajada de Alemania junto a la AHK y referentes del sector público y privado, analiza por primera vez el desempeño de empresas argentinas con la metodología internacional Corporate Human Rights Benchmark y revela un bajo nivel de implementación de los estándares internacionales en la mayoría de las compañías evaluadas.

El 24 de febrero se presentó en la Embajada de la República Federal de Alemania el estudio “Desempeño en derechos humanos de empresas argentinas”, el primer diagnóstico realizado en el país con la metodología del Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), desarrollada por la World Benchmarking Alliance (WBA).

La jornada fue organizada por AHK Argentina —Hub Nacional de Alliance for Integrity— junto con Conectando Derechos Asociación Civil y reunió a representantes del sector empresarial, organismos públicos y especialistas en conducta empresarial responsable.

Qué evalúa el estudio

El informe analiza el desempeño de 58 empresas —20 privadas y 38 de propiedad estatal— a partir de información pública disponible. La investigación aplica el módulo “Core UNGP” del CHRB, que condensa 12 indicadores basados en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Los indicadores se organizan en cuatro áreas: compromisos y gobierno; integración de derechos humanos en la cultura empresarial; debida diligencia en derechos humanos; y remediación y mecanismos de queja.

Cada empresa podía obtener un máximo de 12 puntos. La puntuación más alta alcanzada fue de 4 puntos sobre 12 posibles, obtenida por YPF, según surge del cuadro de resultados individuales del informe.

La evaluación se realizó exclusivamente sobre documentación pública vigente durante el período de observación, como reportes de sostenibilidad, códigos de ética y políticas corporativas.

El documento señala que no alcanza con mencionar “derechos humanos” como tema material: para obtener puntuación debe existir identificación específica de riesgos, evaluación concreta de impactos y evidencia de integración en los sistemas de gestión. También aclara que los análisis de doble materialidad no equivalen automáticamente a procesos de debida diligencia si no abordan explícitamente riesgos para las personas.

Resultados generales

La distribución de resultados muestra que el 32,8% de las empresas evaluadas no obtuvo ningún punto; el 24,1% obtuvo menos de 1 punto; el 37,9% se ubicó entre 1 y 2 puntos; y solo el 5,2% superó los 2 puntos.

El informe señala que estos resultados evidencian “un largo camino a recorrer entre el rendimiento actual y la implementación avanzada del marco de empresas y derechos humanos”.

Además, en el 93,1% de las empresas evaluadas el desempeño se expresa únicamente a través de políticas y mecanismos de denuncia o gestión de reclamos, sin evidencia de un proceso estructurado de debida diligencia que incluya identificación, evaluación, integración y seguimiento de impactos.

Las empresas privadas analizadas

Las 20 empresas privadas evaluadas fueron Banco Macro, Banco Supervielle, Bioceres, Central Puerto, CRESUD, Corporación América Airports, Despegar, Edenor, Globant, Grupo Financiero Galicia, IRSA, Loma Negra, Mercado Libre, Pampa Energía, Telecom, Tenaris, Ternium, Transportadora de Gas del Sur, VISTA e YPF.

El promedio total de puntuación de las empresas privadas fue de 1,25 puntos sobre 12, mientras que el promedio de las empresas públicas fue de 0,53 puntos. Todas las empresas privadas cumplieron con al menos un elemento de los indicadores, mientras que el 32,75% de las empresas públicas no obtuvo ningún punto.

Derechos laborales y estándares de reporte

En relación con los derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la OIT, el informe indica que solo seis empresas expresan un compromiso fuerte con estos estándares. No obstante, el 83,3% de esas empresas cuenta con un mecanismo de remediación suficiente para trabajadores.

El estudio también señala que todas las empresas que presentan informes de sostenibilidad utilizando la metodología GRI o que refieren estar basadas en ella obtuvieron algún punto durante la evaluación. La adopción de este estándar es mayor en empresas privadas que en públicas.

Una línea de base

Entre sus conclusiones, el informe indica que el nivel de implementación de los Principios Rectores en Argentina es bajo, que predominan las políticas formales por sobre los procesos estructurados de debida diligencia y que la regulación tiene impacto en el comportamiento empresarial, particularmente en empresas públicas.

El estudio plantea que esta primera medición funciona como línea de base para futuras evaluaciones y como herramienta para promover la rendición de cuentas y el seguimiento de avances en la gestión empresarial en materia de derechos humanos.

Desarrollo de la jornada

La apertura estuvo a cargo de Raimundo Ruíz von Dessauer, en representación de la Embajada de Alemania, y de Mariana Regueira, directora del Centro de Integridad Corporativa de AHK Argentina. Luego participaron Germán Zarama, Manager for Latin America and the Caribbean on Responsible Business Conduct (RBC) de la OCDE, y Franziska Oehm, Researcher and Policy Advisor del German Institute for Human Rights y Flavio Fuertes, Director Ejecutivo del Pacto Global de Argentina.  La presentación de los resultados del estudio estuvo a cargo de Denisse Cufré, Program Manager de Conectando Derechos.

El primer panel, centrado en la importancia de contar con datos para mejorar el desempeño en derechos humanos, reunió a María Archimbal, Chief Compliance Officer de YPF y Paola Morbello, del área de Inclusiveness de EY Argentina. La moderación estuvo a cargo de Mariana Regueira.

En el segundo panel, dedicado a iniciativas público-privadas para promover una Conducta Empresarial Responsable, participaron Anaclara Dalla Valle, gerenta de Fundación, Sostenibilidad y Comunicación de la Bolsa de Rosario; Belén Alonso, directora general de Responsabilidad Social de la Municipalidad de Vicente López; Mariana Grosso, jefa de Área Servicios Públicos, Empresas y Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación; y Joaquín Moro, titular de la Oficina de Integridad Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La moderación estuvo a cargo de Denisse Cufré.