El cuerpo, la Ley y lo que se visibiliza, se invisibiliza u ocultamos

Cuando la intersección de identidades desafía un sistema que aún no sabe leerlas

Por Gastón Boireau Lahore y Florencia Pérsico

En un salón de la Fundación ONCE en Madrid, un grupo de mujeres con historias muy distintas se sentaron a hablar de lo que casi nunca se habla. Ángeles Blanco, abogada, lesbiana con discapacidad, junto a Fundación Prevent y Fundación ONCE, organizó un encuentro para poner luz sobre una intersección que el sistema todavía no sabe leer bien.

El evento reunió dos mesas. Una centrada en la violencia contra mujeres con discapacidad. Otra sobre la experiencia de ser persona LGTBI+ con discapacidad. Ambas conversaciones dejaron algo muy claro: cuando el cuerpo, la identidad o la forma de amar no encajan en lo esperado, la ley muchas veces tampoco alcanza.

Desde el inicio, el encuentro dejó en evidencia que garantizar derechos no es solo una cuestión normativa, sino también de generar las condiciones para que todas las personas puedan participar en igualdad. Y cuando la comunicación no es accesible, ese desajuste se profundiza: sin posibilidad de comunicar, no hay autonomía ni ejercicio genuino de derechos.

“Rara y rota”

Así abrió el encuentro Ángeles, rompiendo el hielo con una frase que hizo sonreír y resonó en toda la sala: “Rara y rota. Así me he sentido siempre. Mi vida empieza a tener sentido cuando me abrazo así, tal y como soy”.

Con esas palabras sintetizó lo que muchas personas LGTBI+ con discapacidad experimentan en la doble o triple discriminación, en la intersección y la marginalidad de no encajar ni en los espacios pensados para personas heterosexuales, ni en los diseñados para personas sin discapacidad. ¿Qué hacer cuando no encajamos? Como ella misma planteó, poner el foco en los márgenes, allí donde nadie mira y donde muchas veces no hay respuesta legal ni jurisprudencia.

Su trayectoria vital y profesional la llevó a crear un proyecto de autodefensa legal para quienes el sistema dejó afuera. Su enfoque como abogada se distancia del modelo tradicional y lo explicó con claridad: “Cuando se atiende a un cliente se puede ganar o perder, pero cuando se atiende a una persona, siempre se gana”, destacó.

La violencia que no se nombra

La primera mesa trajo la voz de María Clarés Moya, psicóloga con máster habilitante y profesorado, que además vive con parálisis cerebral. Su caso expone una contradicción que aún sigue sin resolverse: al presentarse a oposiciones, un informe de capacidad funcional centrado en criterios físicos la excluyó del proceso, sin evaluar su competencia profesional genuina para desempeñar el puesto.

“Quiero luchar por mis derechos y por mi vocación, ya no solo por mí, sino por todos los demás que puedan venir después”, sostuvo. Quedó claro que su capacidad podría marcar la diferencia para muchas personas jóvenes que buscan una profesional sin prejuicios que pueda escuchar, acompañar y guiar.

María José Segarra, Fiscal de Sala de la Unidad de Discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo, acompañó esta mesa con una reflexión sobre prevención: “Un elemento de prevención es informar. La mejor protección es también la autoprotección”.

Desde la Fiscalía accesible trabajan para brindar autonomía a través de la información y acercar la justicia a quienes más barreras enfrentan. Barreras que podrían reducirse significativamente con formación específica y con sistemas de comunicación accesibles en todo el proceso, pero que persisten en gran parte por la falta de capacitación y de una mirada interseccional en quienes deben garantizar los derechos.

También se destacó la necesidad de trabajar de manera articulada con fuerzas de seguridad, legislación y centros de recursos para detectar situaciones de violencia hacia personas con discapacidad. Porque, como se repitió a lo largo de la jornada, lo que no se habla no existe. Y lo que no se mide, tampoco.

“De lo que no se habla no existe”

Mabel Lozano, directora de cine y activista en causas de género, participó de la primera mesa con una reflexión sobre el poder de contar historias: “De lo que no se habla no existe. Cuando Ángeles me contó la historia, mi piel se volvió todavía más fina”, relató.

Su presencia como aliada abrió una pregunta incómoda y necesaria: ¿qué historias se cuentan y cuáles quedan fuera del relato público? Las mujeres con discapacidad que enfrentan violencia de género muchas veces no aparecen en las estadísticas ni en las campañas de sensibilización.

Mabel compartió que está trabajando en un proyecto cinematográfico que narra la historia de una mujer con parálisis cerebral prostituida por su propia familia, una realidad silenciada que necesita ser nombrada para existir.

Los datos que no mienten

Según el estudio presentado en el evento sobre la situación de personas LGTBI+ con discapacidad en España (2025):

• 43% de personas LGTBI+ con discapacidad no accede al mercado laboral
• Perciben6.000€ menos de salario medio anual respecto a sus pares
• 46% siente discriminación en el ámbito de la salud
• 74% experimenta discriminación en espacios de ocio LGTBI+.

La doble invisibilidad

La segunda mesa puso palabras a una experiencia que pocas veces se nombra: ser LGTBI+ y tener una discapacidad. Artemisa Martínez, licenciada en Trabajo Social con discapacidad visual, lo explicó con una imagen contundente: “Cuando a una persona con discapacidad la meten en un molde de persona cuidada, niña eterna, no le permiten ser más que eso. La cajita es muy pequeña”.

Esa infantilización sistemática tiene un costo altísimo. También limita el derecho a decidir, a comunicar deseos y a participar activamente en la vida afectiva y social. Se niega la sexualidad, la autonomía y la posibilidad de construir una vida adulta plena.

Además, las personas con discapacidad enfrentan desafíos adicionales en el acceso a la educación: barreras físicas, comunicacionales y cognitivas, sumadas a bajas expectativas del entorno, que impactan directamente en sus trayectorias formativas y laborales. Esto se traduce luego en dificultades para acceder al empleo, en la falta de adaptaciones de los puestos de trabajo y en una precariedad que condiciona las oportunidades.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, sumó otra capa al señalar: “El diagnóstico lo eclipsa todo. Y eso tiene repercusiones en todos los ámbitos”. Habló de la necesidad de salir de los armarios, pero también de abrir debates sobre accesibilidad y participación plena dentro del propio movimiento LGTBI+. Cristina Caren, filóloga hispánica y profesora de Educación Secundaria en un instituto de Madrid, cerró la mesa ampliando la conversación hacia otras formas de diversidad corporal que continúan siendo patologizadas y excluidas.

Por qué importa mirarlo desde Latinoamérica

Este evento sucedió en España, pero las preguntas que abrió resuenan en toda la región. En América Latina, la intersección entre discapacidad e identidad LGTBI+ sigue siendo un punto ciego en las políticas públicas, en los espacios de trabajo y en las organizaciones de la sociedad civil.

Si los datos españoles muestran que el 43 % de las personas LGTBI+ con discapacidad no accede al empleo y que el 74 % siente discriminación incluso en espacios supuestamente seguros, ¿qué está pasando en países donde la legislación antidiscriminatoria es más débil o inexistente?

Contar estas historias es reconocer que la exclusión opera de formas similares en distintos territorios y que las respuestas también pueden aprender unas de otras. El proyecto de autodefensa legal de Ángeles, el litigio de María Clarés, el activismo de Artemisa y Paula iluminan caminos posibles. Nos recuerdan que la realidad es más dura para muchas personas y que se necesita más humanización, sensibilización, formación, entornos accesibles y una decisión clara de poner a las personas, con todas sus identidades, en el centro. Cuando alguien dice “rara y rota” y transforma ese sentir en un proyecto de defensa de derechos y visibilización, abre espacio para que otras personas se reconozcan. Y ese reconocimiento es siempre el primer paso para exigir derechos.