83% de las legisladoras argentinas atravesó situaciones de violencia durante su mandato

Los resultados de un estudio de ONU Mujeres Argentina se presentaron en la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, realizada el 26 y 27 de octubre en la Universidad Nacional de La Plata. La investigación relevó las experiencias de 521 mujeres que ocupan cargos legislativos y advierte sobre el impacto de estas situaciones en su participación política.

La violencia contra las mujeres en política fue uno de los temas abordados en la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, que se realizó los días 26 y 27 de octubre en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En ese marco, ONU Mujeres Argentina presentó los resultados del estudio Obstáculos a la participación política de las mujeres. Estudio de prevalencia de violencia contra las mujeres en política en Argentina, una investigación que permite dimensionar la extensión de estas situaciones y sus consecuencias sobre el ejercicio de la representación política.

La presentación de los resultados estuvo a cargo de Verónica Baracat, de ONU Mujeres Argentina, y formó parte de un panel integrado por Estela Díaz, Mariela Labozzetta, Alma Bahena y Dora Barrancos, con la moderación de Luciana Bertoia.

El estudio, realizado a partir de una encuesta probabilística a 521 mujeres que ocupan cargos legislativos -481 concejalas de municipios de más de 10.000 habitantes y 40 legisladoras nacionales-, constituye el primer relevamiento nacional de estas características en el país. Sus resultados muestran que el 83% atravesó al menos una situación de violencia durante su mandato actual.

La investigación también señala que el problema no se limita a episodios aislados: el 57% de las encuestadas había experimentado violencia en etapas anteriores de su trayectoria política. Entre ellas, el 96,1% volvió a atravesar estas situaciones durante su mandato actual.

La violencia psicológica y digital, las más extendidas

Entre las distintas modalidades relevadas, la violencia psicológica es la más frecuente: alcanza al 91,7% de las legisladoras nacionales y al 82,3% de las concejalas que participaron del estudio. El ámbito digital también aparece como un espacio especialmente relevante. El 68,4% de las encuestadas manifestó haber experimentado violencia en entornos digitales.

El relevamiento identifica, además, situaciones de violencia en el ámbito institucional, comunitario y familiar. En el plano institucional, el 59,2% reportó haber atravesado este tipo de situaciones. La violencia en espacios comunitarios y sociales fue señalada por el 70,2% de las legisladoras nacionales y el 41,6% de las concejalas.

Mayor exposición pública, mayor riesgo

Los datos también permiten observar diferencias según las características y las trayectorias de las mujeres encuestadas. El 81,1% percibió que la violencia se intensificaba en momentos de mayor exposición pública. Para el 56,2%, esto ocurría cuando alcanzaban mayor visibilidad política; el 29,8% lo vinculó con instancias de toma de decisiones y el 27,1%, con el acceso a nuevos cargos.

La edad y la posición política también aparecen asociadas con diferencias en la prevalencia. Entre las mujeres menores de 40 años, el 91,3% reportó situaciones de violencia, frente al 64,3% de las mayores de 60. Entre las concejalas, la proporción fue del 90,2% para quienes pertenecían a partidos de oposición y del 75,9% para quienes integraban el oficialismo municipal.

El estudio también registra una mayor prevalencia entre quienes se identifican como indígenas, afrodescendientes, LGBTI+ o personas con discapacidad: el 90,3% de este grupo manifestó haber atravesado situaciones de violencia, frente al 81,3% de quienes no se identificaron con esos colectivos. Estos datos muestran diferencias entre grupos, aunque no permiten establecer por sí solos relaciones de causalidad.

La brecha entre atravesar violencia y denunciarla

Aunque la mayoría de las mujeres encuestadas atravesó situaciones de violencia, son pocas las que recurren a mecanismos formales para denunciarlas. El 86,9% buscó a alguien con quien hablar sobre lo sucedido, principalmente compañeras de partido, familiares y amistades. Sin embargo, solo el 10,1% realizó una denuncia formal.

Entre quienes denunciaron, el 38,2% indicó que no hubo sanciones y el 25,8% señaló que el procedimiento seguía pendiente. Las sanciones efectivas -como suspensiones, disculpas obligatorias o arrestos- representaron menos del 8% de los casos.

La investigación identifica distintas barreras para denunciar: la naturalización de ciertas conductas como parte de la actividad política, la desconfianza en la eficacia de los mecanismos disponibles, el temor a generar conflictos dentro del partido y el miedo a sufrir represalias o quedar expuestas públicamente. En este sentido, solo el 30,7% de las concejalas y el 41,1% de las legisladoras nacionales identificaron la existencia de mecanismos formales en sus respectivos ámbitos legislativos.

El impacto sobre la participación política

Las consecuencias de la violencia no se limitan al momento en que ocurre. El 95,5% de quienes atravesaron estas situaciones reportó al menos una consecuencia. El bienestar emocional fue el aspecto más afectado, seguido por la salud física y los vínculos con colegas y espacios partidarios.

Uno de los datos más significativos refiere al efecto disuasorio sobre la participación: el 32,9% de las concejalas que atravesaron situaciones de violencia señaló que disminuyó su interés en participar en política. Entre las legisladoras nacionales, esa proporción fue del 8,3%.

El informe advierte así que la violencia puede operar como un obstáculo para la continuidad de las mujeres en la vida política, especialmente en los ámbitos locales, donde los mecanismos institucionales de protección pueden ser más limitados.

Qué cambios propone el informe

A partir de los resultados, el estudio plantea recomendaciones dirigidas a distintos actores del sistema político y electoral. Entre ellas, propone fortalecer los códigos de conducta y los procedimientos para recibir y tramitar denuncias, garantizar la confidencialidad y la protección frente a represalias, y contar con organismos internos que dispongan de recursos y capacidad efectiva para intervenir.

También señala la necesidad de desarrollar protocolos específicos frente a la violencia digital, fortalecer las políticas de prevención y sanción dentro de los partidos políticos y reforzar la implementación de la Ley Micaela con herramientas adaptadas a las situaciones de violencia contra las mujeres en política.

En el ámbito electoral, recomienda establecer una vía de actuación rápida desde la Cámara Nacional Electoral y los juzgados federales con competencia electoral durante los períodos de elecciones, junto con criterios para evaluar riesgos y disponer medidas cautelares y de reparación.